Tanto la educación como la salud eran los principales reclamos durante el estallido social de 2019, que desencadenó en este proceso constituyente.
Sobre la educación superior, el texto dice: “El Estado deberá financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación”.
Por otro lado, se aprobó que el Estado “deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativa”.
“La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado”, agrega el texto.
Hoy, la educación pública se financia de la misma manera que la privada y otorga una subvención básica por estudiante, aunque en los privados las familias deben hacer un aporte adicional.
La educación superior, por su parte, es financiada por el estudiante o familia y cuenta con beneficios del Estado de acuerdo con su nivel socioeconómico.
También se estableció que la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.
En tanto, que en salud se aprobó que “el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La Ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud”.
Además, la Convención aprobó un artículo que señala que “los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan”.
Actualmente, el Sistema de Salud Público es administrado por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que consiste en un esquema solidario financiado con aportes del Estado más los que realizan los trabajadores a través del 7% del sueldo.
De aprobarse la nueva Constitución, el presidente deberá presentar un proyecto de ley para implementar el nuevo Sistema Nacional de Salud, que según los prestadores de obras sociales y prepagas privadas significaría el fin de la industria.
El 4 de julio de este año vence el plazo de entrega del borrador de la nueva Constitución, que se votará en un plebiscito obligatorio de salida el 4 de septiembre.
El inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue resultado de las movilizaciones y masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva carta magna.
Las multitudes que tomaron las calles chilenas entonces señalaban a la actual Constitución como origen de la desigualdad y reivindicaban un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad y una mejora de las pensiones.
El 25 de octubre de 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó por casi el 80% la redacción de la nueva Constitución y, unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que están redactando la nueva carta magna.