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ESPAÑA. Educación presentará en julio la nueva EBAU, que no será única para todo el país, aunque se buscará que sea “más homogénea”

Estudiantes esperan antes de comenzar las pruebas de acceso a la universidad 2022, a 7 de junio de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España).
Estudiantes esperan antes de comenzar las pruebas de acceso a la universidad 2022, a 7 de junio de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España).
Alvaro Ballesteros / Europa Press

Este verano ya se empezarán a conocer los primeros puntos clave de la nueva prueba de acceso a la Universidad (EBAU e EVAU, según la comunidad) en la que trabaja el Gobierno. Será en la primera quincena de julio cuando el Ministerio de Educación presente una propuesta de cambio en los criterios mínimos de estas pruebas, según ha avanzado el nuevo secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, durante su primer encuentro con los periodistas.

Por ahora no hay detalles concretos, y el departamento de Pilar Alegría trabaja todavía con varios borradores, pero la ruta a seguir está clara: adecuar la EBAU a los recién aprobados currículos educativos y, por ende, hacerla más competencial. Se habló en un principio de uniformar los exámenes en todas las comunidades autónomas con una prueba única, pero desde Educación subrayan que no pueden invadir las competencias de las distintas administraciones y que, en todo caso, las propuestas se enfocarán a garantizar cierto equilibrio entre territorios.

“Hay un deseo muy mayoritario de que las pruebas tienen que cambiar”, ha destacado el secretario de Estado, manifestando su anhelo de que todo el proceso sea “muy consensuado”, tanto con las comunidades autónomas, como con los rectores, sindicatos y alumnos. El fin de las próximas semanas, ha contado, es “confluir” las distintas propuestas para ir avanzando “con cierta celeridad” en la elaboración de una prueba que entraría en vigor en 2024. 

Según avanzó la ministra de Educación, Pilar Alegría, la nueva EBAU será una prueba “algo más homogénea”, pero respetando siempre la autonomía de las comunidades autónomas. Desde su departamento insisten en que la modificación pasará por hacer las pruebas “más homologables” para paliar la “preocupación” que, en palabras de Bar, surge en torno a posibles “desajustes” o “desequilibrios” territoriales.

Más allá de ese afán por universalizar los exámenes en todo el país, el otro objetivo marcado por el Ejecutivo es el de adecuarlo a toda la reforma educativa impulsada con la aprobación y desarrollo de la LOMLOE, la última ley de Educación. Es decir, basarla en el aprendizaje competencial de los alumnos más que en la propia memorización. Con todo, habrá que esperar a la primera quincena de julio para conocer los detalles de ese primer documento que en estos momentos está siendo fruto de negociación y que, en todo caso, podrá ser sometido a cambios posteriores.

Función docente

Otra de las líneas de trabajo que tiene por delante el Ministerio de Educación es el de la reforma de la profesión docente. Ya en enero dio a conocer una primera propuesta conformada por 24 puntos clave, entre los cuales se sugería endurecer el acceso a la carrera de Magisterio y ampliar la duración del Máster.

Concretamente, el documento del Ejecutivo proponía el establecimiento de una prueba de acceso a los grados de educación de Infantil y Primaria, teniendo en cuenta los niveles de empleabilidad, y a través de la cual sea capaz de evaluar la competencia comunicativa, el razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática de los aspirantes a profesor. Abordaba también la modificación del acceso al Máster en Formación del Profesorado, abriendo la puerta a establecer unos requisitos básicos relacionados con el área de conocimiento de cada especialidad.

También en este punto destaca Educación lo imprescindible que es que nazca del consenso. Asumen, por tanto, que es un cambio que va a llevar tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que es un asunto que lleva más de cuatro décadas sin tocarse. Así, esas 24 medidas presentadas a principio de año constituyen el punto de partida de una reforma que, esperan, mejore las condiciones laborales del profesorado.