El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA), ambos organismos oficiales de la Iglesia Católica, salieron al cruce y repudiaron el proyecto de ley presentado por la diputada nacional Victoria Villarruel (Libertad Avanza) que propone la derogación de la ley 26.160  que declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. La iniciativa legal, que según los denunciantes pretende “el no cumplimiento de la Constitución Nacional Argentina”, lleva también la firma de los diputados Javier Milei, José Luis Espert y Carolina Píparo. La norma que se propone dejar sin efecto es la que protege la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas a partir de un relevamiento técnico y jurídico y suspendiendo los desalojos, también fue apoyada, entre otros, por los legisladores Francisco Sánchez, Alberto Asseff y Dina Rezinovsky del Pro.

La ley, aprobada en 2006 y con vigencia inicial por cuatro años, ha sido prorrogada en varias oportunidades en vista de que no se han cumplido los objetivos planteados en la misma.

“Toda ley nace para cumplirse, y esta no lleva relevado –en más de 15 años- ni el cincuenta por ciento de los territorios” afirma el documento de las entidades católicas con la firma del obispo de Orán, Luis Scozzina, Presidente de CEPA, y del coordinador nacional de ENDEPA, Rodolfo Fernández.

“No se puede pretender gobernar al pueblo argentino, como este espacio político se propone –en referencia a Libertad Avanza- si se desconoce la máxima ley del país, creada para la unificación del Estado Nacional”, dice el documento católico. Y se agrega que “es absurdo considerar a las Comunidades Mapuches como usurpadoras, como lo hace la diputada Villarruel en su discurso, porque nadie puede usurpar lo propio”. Citando al papa Francisco el texto subraya que “las Comunidades recuperan territorios, no usurpan”.

En declaraciones a la agencia Télam el obispo Scozzina aseguró que “el pueblo argentino hace justicia con el reconocimiento constitucional de 1994 que los pueblos originarios tienen sus derechos y en ese sentido se reconoce la deuda con los pueblos originarios, no sólo con la expropiación de sus terrenos, también en la legislación, con las matanzas, en lo histórico, social, cultural, y me animo a decir religioso, que nos debemos hacia los pueblos originarios”.

Según estiman ENDEPA y la CEPA el proyecto presentado por Villarruel “implica ausencia de toda lógica jurídica y política, pretendiendo que antes de cumplirse un ley se la intente derogar”, advirtiendo que “la inseguridad jurídica que produciría este proyecto es totalmente reprochable”. Por ello, subrayan, “esta pretendida derogación volvería atrás más de 100 años la historia jurídica, social y política de nuestro país”.

Por ese motivo los representantes de la Iglesia Católica que se ocupan de los temas de la pastoral aborigen solicitan que “se desista del proyecto de ley presentado por la diputada nacional Victoria Villarruel, e instamos a los demás diputados, senadores y autoridades a repudiarlo, a ser conscientes de la gran deuda que tiene el Estado Argentino con los Pueblos Indígenas, a no darle tratamiento, y llegado el caso, votar en negativo”.

Subrayan los firmantes que “el pueblo argentino no puede permitir la eliminación de una ley que produce una justa reparación histórica y ejecuta la Constitución Nacional”.

 

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